"He pasado frío y miedo. He sabido lo que es perder un trabajo y dormir en la calle. Me he ddo cuenta de quiénes eran mis amigos y quiénes no. Y he descubierto que aún hay gente buena en el mundo. Ha sido una experiencia que me ha ayudado a madurar y ha merecido la pena". Son las palabras con las que Adrián Román, un empleado de la limpieza de Alicante, resume la epopeya que ha vivido en los últimos meses.
Una lucha que le ha llevado a pernoctar a la intemperie 25 días frente a la puerta del ayuntamiento de la ciudad para protestar por su despido. Román acabó en el paro por tomarse varias bajas médicas para tratarse de la diabetes crónica que padece. Este viernes UTE-Alicante, la unión de empresas adjudicataria del contrato de recogida de residuos y limpieza de la ciudad, le ha comunicado que vuelve a incorporarse a su plantilla.
Su tesón ha sido clave para que la contrata reconsiderara su decisión. Y la presión social ha hecho el resto. Su caso ha sido difundido ampliamente por los medios de comunicacíón tanto locales como nacionales. El barrendero alicantino, de 31 años, casado y con tres hijos menores de edad, se ha convertido en el paradigma de los efectos colaterales de la última reforma laboral.
Decenas de compañeros se concentraron frente a la casa consistorial tres días consecutivos, entre el 23 y el 25 del pasado mes de enero. El tripartito que gobierna la ciudad, compuesto por Guanyar, Compromís y el PSPV, le respaldó. Y las muestras de apoyo y afecto por parte de ciudadanos anónimos, que se acercaban cada día a infundirle ánimos, se han sucedido en las últimas semanas.
El propio Román ha confirmado a EL PAÍS en un conversación telefónica el feliz desenlace de su historia. Esta misma mañana la jefa de personal de UTE-Alicante le ha comunicado su readmisión. La empresa le reconoce toda su antigüedad, aunque tendrá que devolver como es lógico el dinero del finiquito. El empleado volverá, previsiblemente, al trabajo la próxima semana. Agradece a la contrata, participada por el empresario Enrique Ortiz, que está implicado en varias causas de corrupción, que haya "recapacitado" y diera su "brazo a torcer". "Aquí no hay vencedores ni vencidos. Era una injusticia que se ha reparado", ha precisado.
Con una experiencia laboral de 18 años, Román fue despedido el pasado mes de noviembre. Con un niño recién nacido y otros dos de 4 y 11 años, se veía en la calle. Su pecado consistía en haber acumulado catorce días de baja médica en dos meses. Una ausencia necesaria para tratar la diabetes crónica que padece y que amenaza con dejarle ciego. El barrendero llegó a pasar 25 días al raso frente a la puerta del Ayuntamiento alicantino, en el enero más frío que se recuerda en estas latitudes en los últimos años. Y su protesta, hecha a base de silla plegable, saco de dormir y pancarta casera, ha generado una ola de solidaridad sin precedentes.
UTE-Alicante recibe una lluvia de millones de euros cada año (435 en doce ejercicios) de las arcas municipales por prestar el servicio de limpieza. En esa confluencia de sociedades desempeña un papel protagonista Inusa, propiedad de Enrique Ortiz, procesado por manejar a su antojo, supuestamente, el urbanismo de la ciudad con la ayuda de los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 17 años de cárcel por amañar el contrato de recogida de basuras de la Vega Baja, todo ello en el marco del caso Brugal.
La adjudictaria del servicio le despedió pese a que su historial clínico del barrendero no deja lugar a dudas. Román sufre una "retinopatía diabética avanzada" que le obliga a recibir inyecciones intraoculares cada cierto tiempo en ambos ojos para no perder la vista y que han provocado continuas visitas a los médicos. En noviembre se sometió a una cirugía compleja, una vitrectomía. La operación se produjo el 23 de noviembre, apenas cinco días después de que la mercantil finiquitara una relación laboral de 11 años con 14.700 euros de indemnización.
A esas intervenciones quirúrgicas, a ese tratamiento, responden las bajas de seis y ocho días que cogió el barrendero en marzo y abril del pasado año, respectivamente, y que sus jefes esgrimieron para aplicarle un despido por causas objetivas. Esos catorce días de absentismo fueron consignados como "enfermedad común" por su escasa duración, no como una convalecencia por una enfermedad de larga duración, lo que permitió a la adjudicataria del servicio acogerse a un artículo muy discutido de la última reforma laboral.
Román pasó su primera noche al raso frente al edificio consistorial el pasado 3 de enero. Luego montó una tienda de campaña, pero la quitó por miedo a que se la pudieran robar o romper. "La noche de Reyes fue terrible por la gentuza que pasaba por aquí de fiesta", contaba esos días. Pero nunca estuvo solo. Cada día, gente a la que no conocía de nada se acercaba a verle para insuflarle ánimos.
El Sindicato de Empleados Públicos (SEP), al que está afiliado, tampoco le dejó de lado. Y los medios se hicieron eco de su protesta, que llevó a concentrarse a decenas de trabajadores de la limpieza tres días consecutivos. "Quiero dar las gracias a todo el mundo. Sobre todo a mi familia, que siempre ha estado ahí, y a mi sindicato. Las redes sociales también han hecho mucho", afirma el trabajador. Ahora quiere celebrar con su mujer, en la intimidad, su victoria personal y buscar la "calma", devolverle la "tranquilidad a la cabeza". Román admite que su lucha puede servir de ejemplo, y no solo en el ámbito laboral:"Si tienes una meta, con sacrificio, todo se puede conseguir".
