La Federación Andaluza de Diabéticos (FAD), perteneciente a la Federación de Diabéticos Españoles (FEDE), reclama la entrada en vigor de un nuevo Plan Integral de Diabetes, desarrollado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y del que, lamenta, "carece la comunidad desde que finalizó el anterior en 2013".
El presidente de la Federación Andaluza de Diabéticos, Francisco Pérez Barroso, critica, en declaraciones a Europa Press, "la falta de apoyo" a la diabetes en Andalucía, después de que el II Plan Integral de Diabetes finalizase a finales de 2013, un extremo que considera "una barbaridad". Además, señala que los protocolos de Educación en Diabetes "están fallando" y que en muchos centros hospitalarios y centros de salud "ni siquiera se están siguiendo", toda vez que critica que "tampoco están funcionando los protocolos de prevención".
Respecto a la asistencia clínica, apunta que "está habiendo problemas graves, como los referidos a pie diabético --"con 1.500 pies amputados todos los años a los diabéticos en Andalucía"--, dispensación de tiras para medidores de glucemia capilar en sangre, de agujas para los bolígrafos de insulina, y de lancetas para pinchadores de extracción sanguínea.
Así las cosas, Pérez Barroso, presidente también de la Asociación de Diabéticos Campo de Gibraltar, informa de que el próximo 15 de octubre mantendrán una reunión con técnicos de la Consejería, y que posteriormente, el día 28, habrá un encuentro entre la mesa de trabajo creada ad hoc por la federación y el director del plan integral "para retomarlo a primeros de 2015 y hacer un seguimiento".
"Queremos que los responsables políticos se sienten en la mesa y cumplan sus compromisos", afirma el presidente de la FAD, quien critica que el plan integral "lo pone en marcha la Consejería, que se marca unas metas, y luego no lo cumple, y esto lo sufren los enfermos", que se estima son unas 800.000 personas en todas Andalucía.
Por último, Pérez Barroso resalta las diferencias asistenciales que "se sufren hoy en nuestro país, y en la comunidad andaluza, dependiendo tan solo del lugar donde resida el paciente; hecho que es claramente inconstitucional", subraya.
