La Federación de la Diabéticos Españoles (FEDE) ha denunciado en una carta enviada a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que la redacción del pliego de prescripciones técnicas relativo a las tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre con autoanalizador para diabéticos sólo ha seguido criterios económicos.
A juicio de esta organización, la compra centralizada de tiras reactivas para el control de la diabetes se ésta haciendo a partir de estos parámetros, los cuales se están anteponiendo "a la salud y la calidad de vida del paciente". Por ello, muestran su "total disconformidad y consternación".
Las tiras reactivas son un producto sanitario "básico" para que más de 3.500.000 de personas con diabetes en España puedan contar con un óptimo control de su patología, explican desde FEDE. Además, ayudan a "evitar problemas de salud derivados de una mala gestión de la enfermedad", aseguran.
Para el presidente de este organismo, Ángel Cabrera, si no se modifica esta decisión "se producirá un perjuicio mucho más profundo, a más colectivos y no sólo a nivel humano, sino también económico". En concreto, indica que habrá "una reducción en cuanto a disponibilidad de productos en el mercado para los pacientes, una inobservancia absoluta y constante de las necesidades individuales de las personas con diabetes y una falta de libertad de elección del profesional médico".
Además, se producirán "límites de acceso de entrada de innovación y trabas a la renovación de tecnologías obsoletas, que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con esta patología", señala. No obstante, una de las mas perjudiciales a juicio del máximo representante de FEDE es el incremento del riesgo de la entrada en el mercado de compañías con "insuficientes garantías de calidad de productos y escasa capacidad de suministro".
Por todo lo anterior, Cabrera considera que los pacientes "deben seguir teniendo el mismo acceso que el que tienen a día de hoy, en cuanto a tecnologías para la medición de la glucosa capilar". Para él, este hecho "no tiene porqué ser incompatible con obtener una mejora de los precios, aunque, en ningún caso, se puede permitir que se ponga en riesgo ni la salud ni el acceso a los productos existentes".
