Galicia
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Nuevo hospital de Vigo, el cuento de nunca acabar
La atención hospitalaria del área sanitaria de Vigo presenta desde hace años importantes deficiencias como consecuencia del envejecimiento del Hospital Xeral (uno de las más antiguos de España, sometido a múltiples trasformaciones y parcheados) del limitado desarrollo del Hospital Meixoeiro, consecuencia de la presión e influencia sobre las administraciones sanitarias del Hospital privado POVISA, para hacerse con una parte de los servicios y participar en el reparto de la tarta sanitaria del área, que culminó con un Concierto Singular que le otorga la atención especializada de una población de más de 124.000 habitantes.
El Consello de la Xunta aprobó la creación de un Nuevo Complejo Hospitalario, para acabar con la carencia de camas del área e integrar la atención a la población atendida por POVISA, evitando la discriminación que supone la adscripción a un centro con una dotación de recursos inferior y una lista de espera tres veces superior a la del resto de centros públicos. El proyecto contemplaba que el centro fuera referencia en oncología, maxilofacial, quemados y cirugía especializada, con una apuesta clara por la docencia y la investigación. Con esta finalidad el Consello de la Xunta de Galicia, gobernada por la coalición PSdeG-PSOE y BNG, aprobó el 26 de febrero del año 2009 un Plan Económico-Financiero por el que se consignaba por parte de la empresa pública SPI (Sociedad Pública de Inversiones) un presupuesto de 300 millones de euros para acometer la financiación de esta infraestructura fundamental para Vigo, en un período de 5 años (del 2009 al 2013) a pagar en quince años y con una coste final de 457, 6 millones de euros.
Con la vuelta al gobierno de la Xunta del Partido Popular, se produce un giro radical en el proyecto, abandonando el modelo de financiación y gestión pública y recurriendo a la figura de Concesión Administrativa de Obra Pública tipo PFI (Iniciativa de Financiación Privada). Se aprovechaba la gestión urbanística ya realizada (Proyecto Sectorial) así como el proyecto arquitectónico básico, aunque se introducían importantes cambios en el Plan Funcional y en la Ordenación Integral del Área. Se reducían las camas previstas (406 camas menos de hospitalización médico-quirúrgica, 70 de oncología) y los quirófanos, y desaparecen los módulos de docencia e investigación, el hospital de pacientes y los servicios de quemados, cirugía de la mano y máxilo-facial, todo ello con la finalidad a abaratar costes y mantener al hospital POVISA como hospital de área y de referencia especializada. Las obras deberían haber comenzado en el año 2009 y tener un 40% ejecutado en el 2010.
El proceso de financiación privada ha estado repleto de trampas e irregularidades:
El proyecto se presentó por el Trámite de Urgencia para no tener que presentar un estudio comparativo de las diferentes posibilidades de financiación y construcción de la infraestructura pública, exigencia ineludible en caso Trámite Ordinario. Esta urgencia contrasta con el retraso del inicio de la obra.
El 27 de Septiembre de 2010, la Dirección de Recursos Económicos del SERGAS adjudicó a Price Waterhouse Coopers (PWC) un contrato para asesorar la evaluación de las ofertas de licitación del proyecto del nuevo hospital y para la selección de las empresas que deberían financiarlo y construirlo, por un montante de 220.660 euros.
El contrato fue adjudicado por la consultora a un Consorcio integrado por Acciona, Altair Ingeniería, Concessia Cartera, Puentes y Calzadas y OCA SA (Obras, Caminos y Asfaltos) y por un grupo de entidades financieras entre las que destaca BANKIA y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entidades que en aquel momento habían recibido las peores calificaciones de solvencia por parte del Banco de España. Llama la atención que en una de las empresas constructoras seleccionadas (OCA) ocupara un puesto de máxima responsabilidad el exconselleiro Agustín Hernández, que posteriormente vuelve al Gobierno de la Xunta (PP) y que al comienzo de la obra se subcontratara la empresa Hierros Santa Cruz cuyo administrador único era Telmo Martín, concejal popular en el ayuntamiento de Pontevedra y principal defensor de la privatización de su hospital público y posteriormente elegido diputado al congreso por el PP.
Para favorecer el pelotazo económico a estas empresas concesionarias, con un derroche de recursos especialmente grave en tiempos de crisis y de restricciones en la sanidad pública, la PWC establece unas condiciones que obligan a la Consellería a pagar a la Concesionaria 1.566,4 millones de euros (canon de 71 millones de euros anuales) a los que habría que añadir 256,1 millones de euros de la explotación del aparcamiento, tiendas y locales comerciales. Esto supone un total de 1.108, 8 millones por encima de la financiación pública (SPI) inicialmente prevista. A las empresas concesionarias se les garantizaba un beneficio empresarial del 8%, sin asumir ningún riesgo.
Recortes en el proyecto PFI
El proyecto inicial contemplaba una dotación de 1.465 camas, 35 quirófanos, 160 consultas externas y 62 salas de diagnóstico por imagen. Sin embargo la WEB de la empresa encargada de la vigilancia y asistencia técnica de las obras, Gerens Hill International, mostraba que el proyecto privado del hospital iba a contar con 900 camas.
En estudios posteriores de la propia administración se reconocía que la superficie se reducía en 70.000 metros cuadrados así como en la mayoría de los servicios previstos.
También se introducían cambios en las vías de acceso, en el aparcamiento, que pasa de 4.350 a 3.600 plazas y en el contorno ambiental. También se deciden recortes en las terminaciones de las consultas, quirófanos, UCI, salas de exploración, salas de resonancia magnética, habitaciones de pacientes, guardería infantil, boxes de urxencias y demás dependencias. Existen cambios en las fachadas, ventanas y cierres; modificaciones en los pavimentos, pinturas, revestimientos interiores, falsos techos, mobiliario fijo y grandes instalaciones energéticas, todo ello con la finalidad de abaratar costes a las constructoras, reduciendo los recursos, el equipamiento y la calidad de la construcción. Pese a esto no se modificaba la cuantía del canon a pagar por la administración pública a las adjudicatarias privadas.
Por otro lado el Ayuntamiento de Vigo se niega a asumir las acometidas de la infraestructura, suministro eléctrico, saneamiento y abastecimiento, en base a la defensa del carácter público del Nuevo Hospital y en desacuerdo con la privatización del proyecto por el Gobierno de la Xunta de Galicia.
El centro se inaugura repetidas veces, pero en realidad se encuentra parado
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, acudió a Vigo a inaugurar las obras del nuevo hospital el 21 de marzo del 2011 -dos meses y un día antes de las elecciones municipales- cuando las obras todavía no habían comenzado formalmente, y volvió a inaugurarlas el 20 de septiembre de ese año -dos meses antes de las elecciones generales. Pese a todo la obra comenzó oficialmente el 25 de junio del 2011, seis meses después de lo previsto. En esa misma fecha se acordó la suspensión del inicio del cómputo del plazo de ejecución de las obras durante tres meses, como reconoce en su memoria anual de cuentas la empresa adjudicataria, auditada por la consultora Ernst Young.
Como consecuencia del abandono de Bankia y CAM del compromiso de financiación de la obra, la Concesionaria tiene problemas para conseguir créditos con los que financiar los trabajos. El precio de la construcción está calculado en 375 millones de euros, de los cuales el 75% (281) deberían venir de créditos bancarios a largo plazo, según figura en el contrato de Licitación. Las empresas constructoras ya han desembolsado los 63 millones que les correspondían (20% del coste) lo que permitió iniciar la obra. Sin embargo, la falta de liquidez de la Concesionaria ha obligado a los socios de las empresas a prestar dinero a su propia sociedad. El 20 de diciembre del 2011 los accionistas acuerdan un préstamo de 7,88 millones de euros y menos de un mes después (el 12 de enero) otros 7,88 millones, según han trasladado al registro mercantil.
Se buscan socios con dinero, que no aparecen
Para afrontar esta situación de insolvencia económica la Conselleria de Sanidad ha realizado diferentes reuniones con entidades bancarias, aunque ninguna ha accedido a participar en el proyecto. Como consecuencia la Xunta de Galicia ha solicitado un crédito al Banco Europeo de Inversiones (BCI) por 180 millones de euros para financiar la obra, incumpliendo de nuevo el contrato (Licitación) que especificaba que la financiación del centro era a riesgo y ventura de la Concesionaria. Hay que recordar que la justificación de recurrir a la financiación privada (PFI) era que la Xunta no podía endeudarse y sin embargo ahora lo hace para cubrir el 58% de la misma. De todas formas, el BCI no da el dinero si la parte privada no afronta el 42% de los 375 millones que cuesta la obra del hospital, pero ni la Concesionaria es incapaz de afrontar ese gasto ni se consiguen nuevos bancos dispuestos a invertir.
Ahora, y por si fuera poco, la empresa Obras Caminos y Asfaltos (OCA) ha presentado suspensión de pagos, lo que agrava aún más el problema financiero de la Concesionaria. La constructora OCA tiene un 10 % del capital (3,1 millones de euros) de la sociedad concesionaria, controlada por Acciona con el 39 % del capital, y de los pagos que no efectúe la constructora tendrán que encargarse el resto de empresas.
Desde hace 10 meses las obras están paradas y parece que la cosa va para largo.
Vigo necesita un Nuevo Hospital de manera urgente
Los problemas asistenciales de Vigo se acumulan con unos servicios de urgencia en colapso permanente y una de las mayores listas de espera de Galicia: el 68,3% de las demoras quirúrgicas superan el año y un 22,8% de los casos llevan más de dos años pendientes, con un incremento en los últimos cuatro años de un 64%. Todo esto plantea la necesidad de disponer del Nuevo Hospital lo más pronto posible.
Lo lógico sería que, en base a los incumplimiento de los pliegos de condiciones de la Licitación del NHV por parte de la Concesionaria, tanto en cuanto al proyecto de recursos y equipamiento (que se ha reducido en más de un 30% sobre lo previsto) los plazos de ejecución y sobre todo del compromiso de financiación, la Xunta de Galicia denuncie el contrato y retome al proyecto inicial de financiación pública a través de la Sociedade Pública de Investimentos de Galicia (SPI) con el apoyo financiero del Banco Europeo de Inversiones. Esto permitiría reiniciar inmediatamente la obra y reducir en más de una cuarta parte el coste de la construcción, además de recuperar el proyecto inicial, dotar a Vigo de una Hospital avanzado y de referencia y garantizar el carácter público del centro, que sería gestionado de forma integral por la administración pública.
Solo el empecinamiento ideológico y los compromisos inconfesables de Núñez Feijoo, que le convierten en rehén de la Concesionaria, explican la parálisis de esta situación, que incide de forma intolerable en la salud y la calidad de vida de la población de Vigo y de su Área sanitaria.
