La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha solicitado la inmediata dimisión del defensor del pueblo, Francisco M. Fernández Marugán, por lo que el colectivo considera una "patente y absoluta dejación de función" en lo relativo a una queja presentada por esta federación.
Como explicó FEDE en un comunicado, se pidió a esta figura que actuara contra la discriminación laboral que padece el colectivo de personas con diabetes en España, a la hora de acceder a determinados puestos de la Administración Pública. Una discriminación que ocurre especialmente en puestos que requieran conducir un vehículo, como en Correos o los cuerpos de seguridad.
El pasado 2 de octubre, el colectivo recibió una respuesta del Defensor del Pueblo en la que "se limitaba a trasladar la información recibida por parte de Función Pública, la administración encargada de actualizar los cuadros médicos de exclusión que impiden actualmente a las personas con diabetes el acceso a determinados empleos públicos".
"Aún se aplican cuadros médicos de exclusión de hace 30 años (1988)", explicó Julián González Hernández, presidente de la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias (Fadican).
A día de hoy, esta normativa sigue sin modificarse, a pesar de que FEDE cuenta con posicionamientos de la Sociedad Española de Diabetes (SED), de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y de la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria, que corroboran la necesidad de actualizar esos cuadros médicos; así como de todos los partidos políticos, mediante su apoyo a diversas iniciativas parlamentarias en las Cortes Generales.
"Llevamos dos años batallando porque se actualicen, y el Defensor del Pueblo ha respondido apoyado a las Direcciones Generales", recalcó el presidente de Fadican, quien consideró esta actitud como "denigrante" ya que esta figura debería ser un "defensor de los derechos de las personas".
En este sentido, también el presidente de FEDE, Andoni Lorenzo, quiso dejar claro que esta petición de dimisión "no tiene nada que ver con el contenido de la información trasladada por Función Pública", porque deja más que patente que el Defensor del Pueblo, "lejos de ejercer su labor de encargado de defender los derechos fundamentales de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas, ha hecho dejadez absoluta de sus funciones".
"Simplemente se ha limitado a ser un mero transmisor de la información recibida por parte de Función Pública y no un defensor ante la vulneración de nuestros derechos ", continuó el presidente estatal. La solicitud fue aprobada por unanimidad durante la última reunión de la Asamblea General Extraordinaria de FEDE, a petición de todos los representantes de las federaciones y asociaciones autonómicas.
