Hay varios estudios que ubican a México como primer lugar o como uno de los principales consumidores de bebidas azucaradas, pero también somos uno de los países en que en mayor medida se consume agua embotellada, lo cual no es resultado sino del enorme rezago que se tiene en la garantía del derecho de acceso al agua de calidad y en condiciones de inocuidad.

A través de la Encuesta Intercensal (2015), el Inegi estima que sólo 78.4% de las viviendas del país tiene agua entubada en su interior; además de 5.10% que dispone de agua sólo por acarreo, es decir, una de cada cuatro viviendas carece de agua (con alrededor de 40 millones de habitantes); lo anterior, sin considerar la mala calidad y baja frecuencia con que llega a millones de viviendas.

La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENSANUT, 2012) estima que 70% de la población vive con sobrepeso u obesidad, pero también la Encuesta Intercensal estima que al menos en 13% de los hogares con menores de 18 años, alguno de ellos se tuvo que acostar con hambre o comió sólo una vez al día y que en 14.2% algún menor comió menos de lo que debía comer. En su conjunto los datos confirman que carecemos de una política adecuada para garantizar los derechos a la alimentación y a la seguridad alimentaria.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) estima que, en marzo de 2016, 53% de la población de las ciudades mexicanas dejó de caminar de noche alrededor de sus viviendas, mientras que 62% dejó de permitir que las niñas, niños y adolescentes salieran de sus casas.

Con estos datos la pregunta obligada es: ¿cómo vencer al sedentarismo, cuando no existen ni las condiciones de seguridad ni la infraestructura suficiente para la práctica cotidiana de actividades físicas?

Urge construir una estrategia verdaderamente integral y con la capacidad de generar intervenciones simultáneas, a fin de generar las condiciones para que la población pueda cuidar su salud personal, pero también contribuir a la construcción de una nueva cultura de salud pública, basada en una alimentación adecuada, el consumo suficiente de agua, así como la práctica cotidiana de actividad física para mejorar sus condiciones de vida.

Es de destacarse la convicción y sentido social del secretario Narro, implícitos en su declaración en torno a que la diabetes es derrotable. Ojalá que su capacidad de diálogo y su conocimiento, tanto del sector salud como del social y educativo, permitan que el resto del gabinete social comprenda las implicaciones de no intervenir y la urgencia de hacer mucho más y más rápido para superar los rezagos que tenemos.

La Encuesta Intercensal estima que 20.6 millones de mexicanos carecen de afiliación a servicios de salud y es por ahí por donde debemos iniciar. Por construir un sistema universal de seguridad social que permita elevar la calidad y estándares de servicios y transitar de una vez por todas a un sistema que, además de mejorar la salud de los mexicanos, sirva de cimiento para un nuevo Estado de bienestar social.

Debe entenderse: la cobertura universal en salud es una condición necesaria, pero no suficiente, pues sin incrementar el ingreso, sin reducir la pobreza y, en general, sin garantizar integralmente los derechos sociales, la diabetes y las otras enfermedades de la pobreza, difícilmente serán controladas y, eventualmente, derrotadas.