Desde que el SAS cambió de distribuidora de las agujas que les ofrece en los centros de salud a las personas insulinodependientes, los afectados, unos 16.000 de los 105.000 diabéticos que hay en Sevilla, empezaron a notar la mala calidad del material que no sólo se rompía sino que además causaba dolor y hematomas «porque incumple claramente el protocolo de asistencia a este colectivo».

Así lo denuncia Ana María Álvarez Hernández, la presidenta de la Asociación para la Atención y Defensa del Niño y Adolescente Diabético de Sevilla (Anadis) que va a participar hoy en una manifestación convocada por la federación andaluza que acabará en la puerta del Parlamento andaluz para pedir la retirada de estas agujas, las cuales se están proporcionando a los pacientes porque «prima el criterio economicista por parte de la consejería en vez del de la calidad».

En el círculo rojo, trozo de aguja que se partió al inyectarse en el bolígrafo de la insulina

Álvarez relata que las «agujas malas» se detectan porque son más endebles y porque tienen menos lubricante de modo que al entrar en la piel «ya se va notando cómo le cuesta trabajo atravesar la epidermis». Desde que el año pasado empezaron a sufrir el cambio los afectados están reclamando al SAS que las retire pero sin éxito alguno, de modo que muchas personas han optado por comprarlas en la farmacia y costear su importe íntegro. Una caja, según la presidenta de Anadis cuesta 20 euros y trae 100 agujas de las que el enfermo precisa 6 cada día, por lo que al mes tiene que comprar dos y costear, por tanto, 40 euros.

Pero además, Álvarez denuncia que la dispensación de las agujas se efectúa «los miércoles de 11 a 12 con lo que quienes estén trabajando tienen que pedir permiso y ausentarse de su puesto para recogerlas».

Otra de las reivindicaciones es la falta de personal de enfermería en los colegios para atender las necesidades de los niños con diabetes.

«En la mayoría de los casos —sigue Álvarez— uno de los padres tiene que dejar de trabajar para poder ir al colegio a atender la necesidad de hacer control de glucemia y poner insulina».

También reclama el cumplimiento de una resolución de la comisión de Salud que se firmó en octubre de 2015 por la que se iba a incrementar la dotación presupuestaria para prevenir y atender al colectivo de diabéticos que en Andalucía llega al 1.500.000 habitantes, un 15% de ellos insulinodependientes.

El presidente de la federación andaluza Saint Vicent, Francisco Pérez Barros, urge, por su parte, que se haga efectivo el protocolo de asistencia al paciente diabético pues «tampoco se están cumpliendo las pautas preestablecidas ni en educación ni en prevención».

Hoy estará también en la manifestación junto al presidente de la federación española, Andoni Lorenzo Garmendia. La marcha empieza a las once de la mañana en la Barqueta y recorre varias calles desde Resolana hasta llegar al Parlamento sobre las dos de la tarde.

ABC ha querido conocer la opinión del SAS sobre las demandas de estos pacientes diabéticos y si atenderá sus peticiones pero los esfuerzos han sido vanos.